Bárbara Botello Santibáñez es una de las mujeres más poderosas en la política guanajuatense: abogada, ex presidente municipal de León, la primera mujer en ejercer el cargo; ex diputada local y federal por el Partido Revolucionario Institucional. Una larga trayectoria de poder en la política, pero también con denuncias de corrupción que la han llevado a pisar la cárcel. Sin embargo, recientemente se sumó a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Guanajuato.
Su éxito como empresaria ha sido en parte por ser proveedora del gobierno federal. Pese a que sus nexos políticos rayan en el conflicto de interés y el tráfico de influencias, y a las acusaciones por presunta malversación de recursos públicos mientras fue alcaldesa de la ciudad de León, Botello Santibáñez ha obtenido más de 25 millones de pesos, en tres contratos, por la prestación de servicios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Los servicios los realizó a través de dos empresas: Asesoría Estratégica Legal, S.C. y BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C., ambas con registro vigente ante el padrón de proveedores de la paraestatal y que, comercialmente, se anuncian como parte de un corporativo legal, según la información que obra en la página de internet de los emprendimientos.
Ninguna de estas empresas cuenta con registro formal ante el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía.
Los contratos
A pesar de que el artículo 8 de la Ley de Austeridad Republicana y el 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecen que la contratación de servicios de las dependencias de la administración federal se deberá realizar a través de licitaciones públicas, BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C. recibió en febrero de 2021 una adjudicación directa por parte del exdiputado morenista y actual secretario general del INFONAVIT, Rogerio Castro Vázquez, por la cantidad de 8 millones 138 mil 495 pesos, por la “búsqueda de antecedentes registrales y tramitación de copias certificadas en los estados de Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Querétaro”.
Identificado bajo la nomenclatura CT-0223-21 y suscrito en febrero de 2021, se estableció en el contrato una vigencia de un año (abril 2021-2022). En el documento aparecen las firmas de Rogerio Castro Vázquez y la de Barbara Botello Santibáñez, como representante legal de la microempresa “BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C.”. El contrato no se localiza en los registros de adjudicaciones directas de la página de la paraestatal.
Castro Vázquez y Botello Santibáñez fueron compañeros diputados en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y actualmente vuelven a ser compañeros en el partido MORENA.
Uno de los contratos de Bárbara Botelllo como proveedora de Infonavit por más de 8 millones de pesos.
De acuerdo con el convenio CV-0586-21, el contrato CT-0223-21 se habría ampliado seis meses, de tal manera que no terminaría en abril de 2022, sino hasta octubre de 2022, a causa del cierre de dependencias derivado de la pandemia de COVID 19; situación que no fue reportada en la evaluación de desempeño de proveedores del INFONAVIT, la cual no tiene fecha de emisión, no reporta incidentes y señala los servicios fueron cumplidos a cabalidad. Documento registrado ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en julio de 2021.
¿Cómo pudo ser realizada y registrada ante la PNT la evaluación de desempeño a mediados de 2021, si los servicios culminaron hasta octubre de 2022?
Anteriormente, Bárbara Botello ya había suscrito un contrato con la paraestatal, el 4 de julio del 2013, nueve meses después de que asumiera el cargo como alcaldesa de la ciudad de León, Guanajuato. La empresa “Asesoría Estratégica Legal, S.C.” recibió un contrato de cobranza registrado bajo la nomenclatura GSAJ-GCC-CT-0488-2013, por 17 millones 400 mil pesos por parte del político priista Alejandro Murat Hinojosa, que apenas llegaba a la Secretaría General del INFONAVIT -a la cual renunció en 2015, para contender por la gubernatura de Oaxaca. De acuerdo con la investigación publicada en el portal Zona Franca, fue el contrato por servicios más grande otorgado por el instituto durante ese año.
En la ficha legislativa concerniente el perfil curricular de 2015, Bárbara Botello, quien llegó a la diputación por representación proporcional en la segunda circunscripción y terminó el periodo legislativo en 2018, reportó haber sido directora en 1995 de Asesoría Estratégica Legal, S.C., el mismo año en que también era “analista” de la Secretaría de Gobernación federal, y auxiliar de capacitación en la formación de grupos de apoyo electoral en campaña de diputados federales, para brincar de allí a ser secretaria general del CDM del PRI en León, Guanajuato.
Actualmente BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C. cuenta con al menos un contrato vigente con el INFONAVIT, el CT-0158-22, sin que se especifique el monto en la respuesta de Información pública 3300310022002354.
Barbara Botello Santibáñez señaló para este medio que no veía tráfico de influencias o conflicto de intereses, ni mucho menos considera que sus nexos políticos influyan en el otorgamiento de contratos a sus empresas:
“Yo soy una mujer profesionista, empresaria exitosa, con 20 años en esto”, declaró molesta a Los Ángeles Press, través de llamada telefónica, sin acceder a una entrevista formal.
Red compartida
El domicilio señalado por la empresa “BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C.” al momento de suscribir el contrato durante 2021, fue el de Avenida Insurgentes 508, planta Baja, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato; dirección en la cual se localizan las oficinas del Corredor Público Mario Emilio Vargas Islas, quién en ese mismo año fue señalado por realizar el avaluó que sirvió de asidero para que la administración de Silao rematara 101 vehículos de modelos recientes, por 506 mil 690 pesos.
El abogado Luis Manuel Soria García, también anuncia comercialmente la ubicación de su despacho en la dirección de Avenida Insurgentes 508 de la Colonia Jardines del Moral, incluso compartía fachada rotulada con Vargas Islas hasta hace un par de años.
Fachada del negocio del abogado Luis Manuel Soria, en León Guanajuato.
Tanto Asesoría Estratégica Legal, S.C. como BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C., cuentan con registro ante el padrón de proveedores del INFONAVIT, bajo las representaciones legales de Barbara Botello y Luis Manuel Soria, respectivamente.
Botello Santibáñez no aceptó la sociedad con el abogado Luis Manuel Soria, de quien dijo fue su arrendador. Reconoció ser socia accionista de BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C.:
“Sí, es mi empresa, y no sólo tengo ésta, tengo muchas más, como 20, pero no tengo por qué contarte mi vida privada”, señaló.
Sin embargo, en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, tan sólo aparece una empresa a su nombre: Operadora Turística Modum, S.A de C.V. creada en 2019 y la cual opera bajo el nombre comercial de Connectando, de la que Botello aparece como Gerente general y Roberto Hernández Salgado como administrador único, y se presenta como cofundador y director general de Grupo Modum. En el sitio digital de Hernández Salgado se destaca “como asesor y consultor financiero en banca de inversión, además de desempeñarse como subdirector de operaciones y finanzas de Grupo Automotriz Aguascalientes”, con operaciones en León, Ciudad de México y Guadalajara.
La empresa que comparte con Botello, se enfoca al transporte turístico, y anuncia salidas diarias de León a Ciudad de México, en camionetas ejecutivas para 17 pasajeros, por $350 pesos (20 dólares).
Con respecto de la actual localización de su corporativo legal, Botello Santibáñez solamente refirió encontrarse “en el Centro” de la ciudad de León.
La empresa de Bárbara Botello aparece en el directorio en el despacho 602.
Ubicado en Álvaro Obregón 101 B, interior 602 en la zona Centro en León, Guanajuato, en un viejo edificio de renta de despachos, aparece un anuncio en la entrada con el nombre de BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C., no obstante, en las diferentes visitas realizadas por Los Ángeles Press, encontró la oficina cerrada.
Barbara Botello Santibáñez no ha reportado cambios en el domicilio ante el padrón de proveedores del Infonavit, única dependencia con la cual tiene registrados contratos en la administración pública federal.
Las irregularidades no se limitan a esto. Ni BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C. (RFC BSC1404072D0), ni Asesoría Estratégica Legal, S.C. (RFC AEL051110NF0), cuentan con registro federal de contribuyentes válido ante el SAT, a través del código postal 37160, que fue el dado de alta por ambas empresas ante el padrón de proveedores del INFONAVIT.
Empresa de Bárbara Botello, sin registro validado en el SAT.
De tal modo, los RFC proporcionados por las empresas de Barbara Botello Santibáñez resultan útiles para la emisión de facturas, sin que el domicilio pueda ser verificado por las autoridades fiscales.
Ante las anomalías, Botello Santibáñez ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 79263, por la probable simulación de operaciones en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal Federal.
En 2016, la empresaria fue llevada a proceso por el delito de peculado por más de un millón 500 mil pesos, por dos contratos que suscribió en 2013 con empresas fantasma, mientras se desempeñaba como alcaldesa. En 2019 fue detenida, obtuvo su libertad por una estrategia legal de sus abogados sustentada en el nuevo sistema de Justicia Penal, acusación de la que finalmente salió bien librada ya que, a finales de 2021 las empresas devolvieron 1 millón 800 mil pesos al municipio de León.
Tras su llegada a MORENA, su nombre suena con fuerza como aspirante a la candidatura para el gobierno de Guanajuato.
Con información de https://www.losangelespress.org/
