Quintana Roo, 28 de junio de 2022.- Un juez federal ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reabrir la investigación contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, como probables implicados de ordenar y dirigir una campaña para silenciar a la periodista, activista y abogada, Fabiola Cortes Miranda.
La orden la giró el pasado viernes 17 de junio, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Quintana Roo, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, tras determinar que la Fiscalía cerró la investigación sin indagar de manera exhaustiva, ni agotar todas las posibles líneas, y apartada del protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión.
En febrero del 2021, Fabiola Cortes presentó la denuncia FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021 en la que afirma que, desde diciembre del año 2020, el mandatario y el Fiscal General han tratado de callarla por exponer cómo José María Rejón de la Guerra, cuñado del gobernador, despojó a Antonio Manrique Mac, un anciano discapacitado de 73 años, de un rancho de 37 hectáreas, en Akumal.
Cortes Miranda escribe en su cuenta de Facebook que uno de los primeros en reaccionar a la publicación del caso, 7 de diciembre del 2020, fue el gobernador Carlos Joaquín.
Lo hizo a través de sus redes sociales para precisar, y a la vez amenazar con emprender acciones legales, que su esposa y él, no tenían nada qué ver en el asunto.
“Aclaro que mi esposa Gaby Rejón de Joaquín y un servidor no hemos tenido parte en la compraventa del predio mencionado por la periodista Fabiola Cortés. Exijo se presenten pruebas. Me reservo las acciones legales que procedan de dichas aseveraciones”.
La también activista narra que a la fecha el mandatario no ha presentado alguna denuncia contra ella.
Pero lo que sí hubo después, explica Cortes, fue una campaña para desacreditarla públicamente.
En ella participaron periodistas y medios de comunicación locales afines al gobierno del estado. “Iniciaron una campaña de publicación de notas falsas, denigrantes, insultantes y algunas que hacían apología al odio”, recuerda en su texto que publicó este martes en redes sociales.
A la campaña en medios y redes sociales, en las que se llegó a pagar miles de pesos para difundir nueve videos desde un medio digital falso, le siguieron acusaciones por diversos delitos presentadas por personas que afirmaban conocerla y reconocerla como autora de los ilícitos que denunciaban, por citar solo algunas, en carpetas de investigación como la FGE/QROO/SOL/02/743/2021 y la FGE/QROO/OPB/01/223/2021.
El responsable de la Fiscalía General del Estado se sumó a los ataques utilizando sus dos comparecencias ante la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, 15 de diciembre de 2020 y 10 de febrero de 2021, para acusarla de dedicarse al litigio de predios de millones de dólares, de ser falsa activista, de presionar a la Fiscalía para obtener beneficios personales y de despojar a una “comunidad humilde de verdad, en Mahahual”.
Tras los señalamientos del Fiscal General, Fabiola Cortes denunció la campaña en su contra y el intento por callarla, ante la Fiscalía para Periodistas, pero su demanda de justicia no prosperó.
Asegura que a los cinco días de haber presentado la denuncia contra el gobernador, el Fiscal General y un tercer implicado, del que no menciona el nombre, la FEADLE cerró el caso determinando la “abstención de investigar”.
La periodista acudió ante la Justicia Federal y el pasado 17 de junio el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Quintana Roo, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, ordenó a la FEADLE reabrir la investigación contra los implicados.
El Juez concluyó que “el asunto es complejo; no se trata de conductas físicas evidentes por parte de los denunciados, sino de acciones que en su conjunto podrían tener el objetivo de limitar, inhibir u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión”.
Aquí parte del razonamiento del Juez que revocó el no ejercicio de la acción penal de la FEADLE.
“(…) lo que aquí descontextualiza precisamente la Fiscalía es que no es en sí el acto individual que realiza cada uno, sino lo que se suscita en el entorno de ello. Hace una referencia desde su denuncia, que con motivo de esa esas publicaciones empieza a ser, y perdón la utilización de este vocablo, golpeteada, a través de otros periodistas que considera están pagados (…) por funcionarios públicos con dinero del Estado con la finalidad precisamente de desacreditar su trabajo eso es la forma en que debe de ser analizada, investigada esa denuncia; no como un hecho aislado (…) de lo que declaró el Gobernador y lo que declara el Fiscal general del estado; pues insisto si se analiza de manera individualizada ello evidentemente no encuadra en ninguna de las conductas típicas de su sola circunstancia; pero debe ser analizada precisamente bajo ese protocolo de investigación porque no podemos perder de vista precisamente que dentro de (…) las obligaciones que tiene la Fiscalía, en este caso especializada, es la de realizar una investigación exhaustiva, es decir, todas las líneas que pudieran resultar.
Esa investigación, también no debe de perderse de vista que conforme también a este protocolo, lineamientos que se establecen, no puede dejarse la carga de la prueba a el periodista, sino que deben de realizarse actuaciones incluso de manera oficiosa por parte de la entidad investigadora; sobre todo si tomamos en consideración que nosotros como país, hablando del Estado hemos firmado diversos convenios precisamente para la protección de los periodistas, entonces como Estado, tenemos la obligación de que los sectores que se encuentran dentro de una categoría sospechosa, dentro de una categoría que puede ser objeto precisamente de una violencia y respecto de la cual, en el caso de los periodistas lamentablemente en nuestro país lo son, entonces el Estado debe de garantizar precisamente el acceso a la justicia y debe de realizar las investigaciones (…) con el fin precisamente de garantizar ese derecho de libertad de expresión y todos los entes del Estado tenemos la obligación precisamente desde la investigación, impartición de justicia, de permitir ese acceso a ese derecho.”
